¿A dónde vamos?

10 03 2009

Javier Corral Jurado

Javier Corral Jurado

Javier Corral Jurado

Conforme el acuerdo del Consejo General del IFE por el que se establecieron los criterios relativos al inicio de las precampañas, éstas deberán concluir el 11 de marzo, y en donde los partidos abrieron auténticos procesos de elección internos los resultados se conocerán hasta el 29 de marzo. Dice el Cofipe que durante los procesos electorales federales en que se renueve sólo la Cámara de Diputados las precampañas darán inicio en la cuarta semana de enero del año de la elección y no durarán más de 40 días.

En este periodo han tenido presencia dos fenómenos de honda preocupación justificados en nombre de la nueva legalidad electoral, pero que constituyen pasos atrás en la construcción democrática y en la apertura que los medios electrónicos venían ofreciendo a la pluralidad política de México.

Primer fenómeno. Los tres principales partidos restringieron lo más posible la participación directa de militantes y adherentes en la selección de sus candidatos y se excedieron en las designaciones directas. Entre los motivos que fundan la sustitución de la democracia interna por decisiones centrales en manos de las dirigencias nacionales, uno de ellos es que la nueva legislación electoral lo hizo necesario, atendiendo a los límites impuestos al financiamiento privado y a que el gasto de las precampañas podría poner en riesgo los topes a las erogaciones totales del proceso constitucional.

Acción Nacional fue el partido que convocó en mayor porcentaje, 36%, a elecciones mediante el voto de sus miembros activos y adherentes en 105 distritos. El PRD sólo en 24% de los distritos. El PRI no le entró a la democracia: designó en los 300 distritos candidatos únicos y ratificó una de las tradiciones más antiguas y de mayor fidelidad en ese partido: el dedazo.

Segundo fenómeno. Diversos concesionarios de la radio emulan al duopolio televisivo en su resistencia a la nueva ley electoral. Retroceden de manera vergonzosa en lo que habían logrado y a donde habían llevado incluso a la tv en este país: a abrirse. Hay una burda operación antirreforma, embustera, mal intencionada. Tratando de desprestigiar las recientes reformas electorales que afectaron sus ingresos por la prohibición de la contratación comercial de publicidad política en radio y tv, propalan a través de sus conductores comentarios absurdos, advirtiendo de sanciones inexistentes por parte del IFE si dicen esto o hacen aquello.

Lo más preocupante es que están restringiendo o de plano negando el acceso a programas informativos; la cobertura informativa sobre las precampañas se redujo casi para todos los partidos; se niegan las entrevistas: “Aquí que ni se pare”, me mandó decir la gerente de una estación. Podré volver a la cabina hasta que la reforma electoral que “atropelló la libertad de expresión” caiga. La regresión es brutal.

Otras estaciones son más comprensivas de las necesidades de información que tienen los precandidatos, pero también ellas tienen necesidades que afrontar, por lo que proponen entrevistas, pero pagadas. Es posible que en mi caso algunas de estas medidas se recrudezcan, por mis posiciones históricas en el tema, pero tengo conocimiento de que a otros compañeros y a algunos competidores internos les ha pasado, e incluso a adversarios de otros partidos.

Otro caso es que quienes dicen encontrar en la nueva legislación electoral fundamento a su negativa no quieren problemas con el IFE y, como nadie les ha explicado bien el alcance del artículo 211 del Cofipe, ellos no lo harán por su cuenta. Ese artículo dice en su numeral 4: “Los partidos harán uso del tiempo en radio y tv que conforme a este código les corresponda para la difusión de sus procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular (…) Los precandidatos registrados podrán acceder a radio y tv exclusivamente a través del tiempo que corresponda en dichos medios al partido por el que pretenden ser postulados”. Obviamente se refiere a los tiempos de la propaganda en radio y tv, pero en una lectura parcial y mal intencionada extienden su significado a cualquier tipo de acceso, así sea la información.

La experiencia de esta etapa previa del proceso electoral mexicano —reglamentada por primera vez— requiere una profunda reflexión de la clase política del país y de nuestros dirigentes. ¿A dónde vamos si los partidos le echan la culpa a la reforma electoral para abusar de las designaciones directas, y si la radio regresa a los tiempos de la censura en nombre de la misma maléfica ley? ¿A dónde vamos así?

Profesor de la FCPyS de la UNAM





Conflictos en elecciones internas de PRD DF

10 03 2009

Ciudad de México.- Precandidatos de la corriente Nueva Izquierda exigieron al dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, tomar “el toro por los cuernos” para frenar “la descarada elección de estado” que se está llevando a cabo en Iztapalapa, donde al igual que en toda la ciudad se elegirán el próximo domingo a candidatos a diputados federales, locales y jefes delegacionales.

Después de que en la madrugada de este martes fuera puesto a disposición del Ministerio Público, Alberto Saúl Alvarado, subdirector de Atención a Problemas Especiales para la Niñez del DIF-DF, por retirar propaganda de la precandidata a delegada, Silvia Oliva, Fernando Belauzarán aspirante a una diputación local pidió la intervención de la dirigencia nacional para impedir que le jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard continúe utilizando su administración para favorecer a los contendientes de Izquierda Unida.

En una carta que entregó al presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, el también consejero nacional sostiene que la intromisión burda y escandalosa del gobierno capitalino ha sido documentada plenamente por los medios de comunicación, quienes “pillaron” a funcionarios del DIF-DF “con las manos en la masa, perdón, en las despensas”, así como condicionando programas sociales a cambio del voto.

En el documento señala que a pesar de la dirigencia nacional tienen como propósito evitar al máximo los conflictos internos y que estos trasciendan a los medios de comunicación, “como la advertiste con tino al gobierno de Felipe Calderón, que no por minimizar el problema de seguridad por el que atraviesa el país este va a resolverse, yo te digo lo mismo respecto a la elección interna que se avecina”.

Fernando Belauzarán hace un recuento de las denuncias que se han realizado en contra de las planillas oficiales que impulsa Izquierda Unida y el gobierno capitalino en las cuales evidencia que funcionarios del gobierno capitalino llaman a votar por Clara Brugada y Jesús Valencia.

Ante esa situación manifiesta que es preciso que Jesús Ortega actúe con energía para reencausar el proceso, evitar que se siga entrometiendo de manera ilegal e inmoral el GDF y hacer que se sancione a los responsables de la malversación de recursos públicos.

“No estoy pidiendo una cosa distinta a la que tu demandaste cuando se exigió aquel video de Miguel Bortolini, en aquel entonces jefe delegacional en Coyoacán, haciendo proselitismo a favor de Marcelo Ebrard con beneficiaros de programas sociales durante la contienda para la candidatura a jefe de gobierno a finales de 2005”, sostiene el precandidato en su misiva.

Abunda, “reconozco que está cambiando el rostro del PRD, que estás proyectando ese nuevo espíritu más propositivo, de mayor responsabilidad con el país, de miras más altas y de menos rencores, pero por eso mismo debe –a diferencia de Cota que se volvía un simple adorno en los adornos en los momentos de crisis- de tomar el toro por los cuernos”.





Preocupan al IFE 11 amonestaciones del tribunal electoral al secretario ejecutivo

10 03 2009

Alonso Urrutia

Más allá de las diferencias en los criterios jurídicos que han confrontado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con el Instituto Federal Electoral (IFE), en este último órgano comienza a preocupar una situación que hasta ahora no tiene precedente: las 11 amonestaciones públicas que los magistrados han realizado al secretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo Molina.

El tema preocupa porque saca a la luz errores procedimentales que pudieran estar incidiendo en el elevado número de expedientes que les son devueltos, además de que está en puerta un proceso electoral en el que se anticipa un elevado número de recursos legales que presenten los partidos políticos, como se ha evidenciado en los primeros días del mismo.

La reforma electoral ha reservado a la secretaría ejecutiva un papel protagónico, en especial en los diversos procedimientos sancionadores.

Lo anterior en un contexto en que las relaciones entre ambas instituciones no han estado en sus mejores términos, como lo evidencia el hecho de que casi una tercera parte de los recursos que los partidos presentan al TEPJF son devueltos, situación que explotó el pasado 20 de enero, cuando el IFE tuvo que repetir, con evidente molestia de los consejeros, el procedimiento de otorgar la validez del registro de la coalición Salvemos a México –Convergencia y PT– por órdenes de los magistrados.

Las recurrentes amonestaciones al secretario ejecutivo preocupan en el IFE por los términos en que son referidas. Por ejemplo, en un recurso presentado por el PRD relacionado con la administración de los tiempos oficiales en las elecciones de Guerrero, en particular los otorgados al PAN, se subraya que al desechar de plano la demanda, que debió ser procedente: «esta Sala Superior concluye que el secretario del Consejo General violentó el principio de legalidad a que se encuentra obligado, por separar su actuación de los cauces legales, específicamente por haber determinado, sin atribución legal alguna, cambiar de vía el recurso de revisión interpuesto por el sol azteca».

Añade que «para evitar la repetición de tales conductas se amonesta al secretario del Consejo General del IFE para que en lo futuro se abstenga de incurrir en este tipo de conductas».

En otro recurso interpuesto por el PRI en contra del gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez, la secretaría ejecutiva optó por dar vista a la Unidad de Fiscalización, cuando, indican los magistrados en su resolución, se erró en el procedimiento legal para resolverlo, pues se debió haber dado aviso al superior jerárquico del recurso de revisión interpuesto en el desahogo del procedimiento, para que fuera resuelto en la Junta General Ejecutiva.

«Lo anterior hubiera significado el cumplimiento y respeto al principio de legalidad al que se encuentra obligado el secretario del Consejo General, el cual consiste en que todas sus funciones se realicen con estricto apego a derecho, ya que, como ha sido señalado, no existe ningún dispositivo constitucional, legal o estatutario que lo faculte a cambiar de vía ningún medio de impugnación.»

Por ello se consideró necesario «regresar el asunto al secretario del Consejo General», con el propósito de que exista una «tutela jurisdiccional efectiva prevista en el artículo 17 constitucional».

A pesar de las 11 amonestaciones públicas acumuladas y el elevado número de recursos devueltos, para el consejero electoral Virgilio Andrade no puede hablarse de que existan «focos rojos» en torno al desempeño del secretario ejecutivo.

Lo anterior, en función de dos consideraciones que deben evaluarse: la instrumentación de nuevos procedimientos legales derivados de la reforma electoral y que se aplican por vez primera, así como algunos replanteamientos en los criterios jurídicos del TEPJF a los cuales el IFE se ha comenzado a adaptar paulatinamente.

Sin embargo, tras el polémico caso del perdón promovido por algunos consejeros a las televisoras –por la interrupción de programas, el empaquetamiento de promocionales y la presentación de cortinillas–, en sentido contrario al dictamen elaborado por Jacobo Molina, la postura de este último quedó más señalada por un sector de consejeros electorales.

Algunas versiones dan cuenta de que causó molestia la forma en que procesó la elaboración del dictamen que luego fue revertido por consejeros en plena sesión de Consejo General, bajo la figura del sobreseimiento, que no era otra cosa que perdonar las irregularidades cometidas, bajo el eufemismo de que «se habían corregido las conductas» en el caso de Televisa y Tv Azteca.

Por lo demás, el secretario presentará un nuevo dictamen relacionado con Televisa, por el presunto incumplimiento de pautas en Nuevo León, donde las filiales del consorcio televisivo no transmitieron correctamente los promocionales relacionados con la campaña local.





Duelo de primos para gobernador en Sonora

10 03 2009

Sonora: Elías Serrano, el candidato del tricolor

Ulises Gutiérrez Ruelas
Corresponsal

Hermosillo, Son., 8 de marzo. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) declaró este noche a Alfonso Elías Serrano ganador de las elecciones de candidato a la gubernatura de Sonora. Sin embargo, el equipo de Ernesto Gándara Camou aseguró que la contienda estuvo plagada de irregularidades.

El presidente estatal del tricolor, Roberto Ruibal Astizarán, habló ante los medios a las 11 de la noche, luego de haber aplazado cuatro veces la conferencia de prensa en la cual daría a conocer la información del programa de resultados preliminares, que simplemente no funcionó hasta muy tarde y finalmente dio como ganador al senador con licencia, señalado como el delfín del gobernador Eduardo Bours Castelo.

Al cierre de esta edición, con 99 por ciento de las casillas computadas, el sistema de resultados declaraba ganador a Alfonso Elías Serrano, con 208 mil votos, equivalentes a 64 por ciento, mientras Ernesto Gándara tenía 101 mil votos (31.44 por ciento).

Minutos antes, el equipo del senador con licencia Alfonso Elías Serrano aseguraba que éste había ganado con 270 mil votos contra 180 mil, mientras Gándara Camou sostenía que nadie se podía declara ganador en ese momento, pues apenas estaban computadas 40 por ciento de las casillas y ellos llevaban una ligera ventaja; además, alegaban que faltaba computar la mayoría de las casillas en los municipios de más habitantes, como Hermosillo y Ciudad Obregón, donde, aseguraban, habían arrasado.

Los otros dos precandidatos, Carlos Zataráin y Julio César Córdoba, no hablaron con los medios.

Decenas de miles de personas acudieron a votar desde las nueve de la mañana. Casi de inmediato surgieron denuncias por presencia de policías cerca de las casillas.

El equipo de Gándara presentó su primera denuncia ante la Comisión de Procesos Internos del PRI en Sonora a las 9:30 horas. Sostuvo que a uno de sus representantes de casilla le impidieron portar una identificación con la foto de su precandidato, pese a que estaba permitido.

Más tarde, luego de votar, Gándara Camou denunció que en el municipio de Empalme autoridades estatales detuvieron siete camiones que llevaban a simpatizantes suyos procedentes de zonas rurales.

«La movilización de simpatizantes estaba autorizada; lo que estaba prohibido era amenazar o obligar a alguien a votar por alguno de los precandidatos», dijo Gándara Camou. Agregó que compitió en desventaja y que esperaba no tener que acudir a tribunales.

Por su parte, Alfonso Elías Serrano dijo que el PRI de Sonora dio «un ejemplo de civilidad y unidad».

Luego de sufragar en una casilla en la opulenta colonia Pitic, dijo confiar en que su partido saldrá fortalecido de la votación abierta.

Mientras, el Partido Acción Nacional (PAN) realizó la segunda de tres etapas de votación, en la que casi 4 mil personas participaron en un proceso de mero trámite, pues el senador con licencia Guillermo Padrés Elías –primo del priísta Elías Serrano– es el único precandidato.

Enrique Reina Lizárraga, presidente del PAN en Sonora, dijo que la participación fue más cuantiosa de lo esperado y que los resultados oficiales se presentarán este lunes.

El 15 de marzo terminará el proceso interno del PAN con las elecciones en los municipios del sur, y se espera que Padrés se registre ante el Consejo Estatal Electoral el día 16.